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Honduras: Solo una de cada 3 mujeres denuncia su violación
Por: Valeria Solís
En Honduras solamente una de cada 3 mujeres denuncia su violación, según estadísticas de la Secretaría de Salud (Sesal) y el Ministerio Púbico (MP) del 2021 hasta el mes de octubre.
En el 2021 se registraron tres veces más abortos inducidos o provocados que denuncias por violencia sexual, específicamente violaciones, a nivel nacional.
Solamente este año se han registrado 4,408 abortos inducidos en todo el país, cabe destacar que el concepto médico de aborto inducido hace referencia a la terminación del embarazo de manera provocada ya sea por la misma madre u otra persona.
A diferencia de las cifras de aborto, en el 2021 el MP registró un total de 2,454 denuncias de violencia sexual a nivel nacional en mujeres, la mayoría de estas denuncias siendo de violaciones.
Ante la problemática de violaciones en el país, los niveles de embarazos no deseados son una realidad para las mujeres hondureñas.
Los Centros de Salud públicos hondureños tienen un registro de “abortos inducidos o no especificados “ y aunque oficialmente para estas instituciones no todos los abortos clasificados como inducidos son provocados por la madre, los ginecólogos de las mismas instituciones afirman que la mayoría de ellos lo son.
El aborto provocado o inducido es ilegal en cualquier forma y circunstancia en Honduras, sin embargo, los niveles de embarazo adolescente, denuncias de violencia sexual y ahora, estadísticas de aborto inducido en el país, aseguran que las mujeres hondureñas están realizando esta práctica.
Las violaciones representan casi un 40% de las denuncias de violencia sexual, es decir 1,428 ofensas si tomamos en cuentas aquellas que se clasifican como violación especial.
En el Código Penal de Honduras las violaciones se clasifican en circunstancias especiales cuando: la víctima es menor a 14 años de edad, si la víctima se ve privada de razón, si el agresor disminuye la capacidad de razonamiento de la víctima con “sustancias psicotrópicas o estupefacientes”, cuando el agresor sea la guarda o custodia de la víctima, y finalmente, si el agresor tiene conocimiento de que porta el Virus de Inmuno Deficiencia Humano (SIDA/VIH).
Es relevante el hecho de que en este año los embarazos adolescentes han aumentado hasta en un 30% según las estadísticas de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central.
Seguidamente del delito de violación en todas sus formas, se encuentra lo que son actos de lujuria con el 30% del total de las denuncias.
Violencia sexual por departamento
La seguridad en el país es una preocupación constante, especialmente en temas de violencia sexual.
Podría afirmarse que hay ciertos departamentos que son más seguros que otros en todo sentido, los delitos de violencia sexual no son una excepción ante este fenómeno.
En proporción a los niveles de denuncias de violencia sexual, se clasifica el nivel de peligrosidad que posee cada departamento.
Una concepción natural es que los departamentos más habitados son aquellos con más índices de delitos, sin embargo, no todos los departamentos en zonas rurales se pueden considerar completamente seguros.
Como es el caso de El Paraíso, que se encuentra en el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a cantidad de delitos de índole sexual.
Si bien son cuatro los departamentos con una incidencia muy baja de ofensas, curiosamente estos mismos departamentos contienen más reportes de abortos inducidos que denuncias de violencia sexual.
Tal como el caso de Gracias a Dios, con solamente dos denuncias de violencia sexual tiene un total de 69 abortos inducidos solo en el Centro de Salud de Puerto Lempira.
Son 15 los departamentos en el país que tienen más abortos inducidos registrados que denuncias por violencia sexual con un margen de diferencia de hasta un 50%.
Considerando las cifras de egresos hospitalarios por embarazos terminados en aborto inducido que se dieron en el 2019 y en el 2020, el margen entre denuncias de violencia sexual y abortos es aún más grande.
En el 2019 las denuncias de violencia sexual fueron 2,773 y en el 2020 fueron un total de 2,129. Sin embargo, los abortos inducidos en el 2019 fueron más de 12 mil y en el 2020 más de 9 mil.
Este año hubo una disminución significativa de los abortos inducidos, pero cabe destacar que, igualmente alude al problema de que no se están haciendo las suficientes denuncias de violencia sexual a pesar de que las ofensas siguen en aumento.
Causas
Las pocas denuncias de violencia sexual al MP pueden ser varias, según el estudio sobre violencia sexual realizado por el Centro de Derechos de la Mujer (CDM).
Primeramente desde inicios de la pandemia del Covid-19 hubo temporadas de cuarentena en el cual las víctimas permanecían en casa y en caso de su agresor estuviese ahí, el temor de la víctima a ser descubierta sería mayor al deseo de denunciar.
En segundo lugar, el cierre de instituciones gubernamentales por la cuarentena les imposibilitó a las víctimas la denuncia junto con el proceso que le sigue.
Aparte de estas razones el CDM igualmente hace referencia a la poca incentivación que ha habido a través de los años a denunciar.
El porcentaje de víctimas que deciden denunciar su agresión posiblemente se ven desmotivadas por el hecho de que el 88% de las denuncias realizadas por violencia sexual quedan en impunidad.
Judicializaciones
De las 2,832 denuncias de violencia sexual que se registraron este 2021, solamente 769 de estas fueron ingresadas al Juzgado de Letras y 170 fueron ingresadas al Tribunal de Sentencia.
De todas las denuncias realizadas solo el 6.7% de ellas se procesan o tienen seguimiento.
La realidad es que solo el 11% de denuncias de violencia sexual tienen una consecuencia legal para el agresor.
La penalización por delitos sexuales va desde los cinco años de prisión hasta los 15 años dependiendo de la gravedad de la ofensa.
En el 2021 ha habido solo 190 sentencias condenatorias para este tipo de delitos, lo que significa que solo el 15% de los agresores tuvieron una consecuencia penal.
“Tenemos una institucionalidad que no garantiza el pleno ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que, además, tiene una deuda con la aplicación de justicia en los casos de violencia sexual”, afirma el CDM en su estudio de violencia sexual en el 2019 y 2020.
Sin garantía de que su agresor reciba una consecuencia legal, las víctimas de agresión sexual sufren de consecuencias a nivel emocional y físico, incluyendo el embarazo no deseado.
En Honduras el uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) es ilegal porque es considerada como abortiva.
Han sido numerosos los proyectos de ley que prohíben cualquier circunstancia en la que se practica el aborto, al igual que han sido numerosos los intentos por generar leyes que contribuyan a la seguridad sexual de la mujer hondureña sin estas tener éxito.
En 2016 la Secretaría de Salud impulsó la elaboración del Protocolo de Atención Integral para Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual, donde se incluía el uso de la PAE como prevención del embarazo.
Esta iniciativa fue vetada por la inclusión de la PAE.
Como medida alternativa, en los hospitales públicos las víctimas reciben medicamentos preventivos en caso de que fuesen vulnerables a contraer enfermedades de transmisión sexual. Incluso reciben un medicamento para el VIH.
Perfil de víctimas
A partir de los datos del MP y el Estudio de violencia sexual realizado por la CDM, los factores que más caracterizan a las víctimas son distribuidos en edad, sexo e incluso nivel educativo.
Las denuncias de violencia sexual, incluyendo mujeres y hombres, fueron de 2,832 en el 2021 hasta el mes de octubre.
En cuanto al sexo, un fenómeno mundial reportado por la Organización Mundial de Salud (OMS), es que las mujeres están más propensas y sufren más de violencia sexual.
Las estadísticas del MP reflejan que del más de las 2 mil denuncias de agresión sexual en el país, el 37% de ellas son realizadas por mujeres, es decir 2,454 de denuncias.
Los hombres si bien solamente representan un 11% de esta cifra, las agresiones deben tratarse con igual cuidado que con las mujeres, las repercusiones físicas y emocionales en el sexo masculino son igual de dañinas.
En cuanto a la edad de las víctimas, desde el 2019 aquellas personas entre los 10 y 19 años son aquellas más afectadas; estas representan un 48% del total de denuncias en el 2021.
Cabe destacar que en segundo lugar se encuentran los niños que van desde los 0 a 9 años, con un 15% del total de las denuncias. Es decir que un total de 411 niños menores a nueve años sufrieron de violencia sexual en el 2021.
Importante relacionar que dentro de esta misma categoría la Secretaría de Salud registra 832 abortos inducidos a nivel nacional de niños entre los 10 a 17 años, junto con jóvenes de 18 y 19 años.
Cabe destacar que en todos estos datos hay una porción en los cuales las variables de edad, sexo y escolaridad, no se especifican dentro del reporte de denuncias; denominados como No consignados o N/C.
En cuanto a la escolaridad y ocupación de las víctimas, en un gran número de las denuncias esta información no se encuentra especificada, sin embargo, en el 2019 y 2020 la mayoría de las víctimas reportaban no haber culminado sus estudios primarios y secundarios, según informes del CDM.
Según datos de Medicina Forense, aquellas personas que se encuentran en mayor riesgo de sufrir una agresión sexual son estudiantes mayores y menores de edad, amas de casa, trabajadoras de oficio (artesanas, cocineras), y trabajadoras domésticas.
Ya sea su condición económica, educativa, laboral, en edad e incluso sexo, las personas especialmente las mujeres son vulnerables ante la problemática en el país.
La realidad hondureña es que no se están realizando las suficientes denuncias de violencia sexual pero sí se realizan prácticas ilegales como consecuencia directa de una agresión sexual. Generar mecanismos que prevengan esas prácticas debe incrementar.
